En la década del ’80 la inflación en los países sudamericanos era moneda corriente y los planes de estabilización, por lo general, eran híbridos que mezclaban estrategias ortodoxas como la reducción de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, con aproximaciones heterodoxas como los controles de precios o los acuerdos de salarios.
Prácticamente ningún país ensayaba planes reduccionistas porque el debate sobre las causas de la inflación estaba bastante saldado. Todo el mundo coincidía en que darle a la maquinita tarde o temprano, sobre todo si se hacía de manera sistemática, inflaba los precios. También era evidente que incluso cuando la causa primera de los aumentos hubiera sido un manejo negligente de las finanzas públicas, si el proceso no se detenía de manera más o menos rápida, generaba a la larga un conjunto de tensiones estructurales por culpa de la indexación de contratos y de pujas entre trabajadores que buscaban recomposición salarial y empresarios que acababan volcando a las góndolas las remarcaciones luego de cada concesión a los gremios.
Por esta razón la Ley de Convertibilidad estableció no solo la imposibilidad de emitir si no había un dólar de respaldo por cada peso fabricado, sino que también prohibió la indexación de contratos para evitar la inflación inercial y se apoyó en la apertura comercial y un dólar barato para disciplinar a los formadores de precios locales, generando más competencia barata de afuera.
AJUSTES POR INFLACION
Treinta años después, no obstante la prohibición legal de indexar contratos, los argentinos hemos encontrado maneras de ajustar por inflación al menos dos de los precios más importantes de la economía; los alquileres y los salarios.
El problema es que cuando el propietario de una vivienda nos dice que el alquiler es de 3.000 el primer año y 4.000 el segundo, no solo se está cubriendo de la inflación al indexar el contrato por el aumento esperado en los precios, sino que nos está condenando a una inflación inercial que resulta muy difícil de parar, porque aun cuando logremos bajar a cero la inflación en la segunda mitad de este año, lo cierto es que el año que viene todos los que pagaban 3.000 de alquiler pasaran a abonar 4.000.
Lo mismo sucede con los salarios; como el gremialista sabe que no se sentará a negociar paritarias hasta el año que viene, necesita pedir un aumento que lo cubra de la inflación que espera por el resto del año. En la práctica, los salarios terminan aumentando de manera más o menos automática prácticamente lo mismo que la inflación (algún año un poco más, otro año un poco menos).
Y entonces, ¿cómo se resuelve el problema?
De la experiencia de los ´80 y del éxito de la Convertibilidad en los ´90, y del programa implementado en 2003, podemos aprender algunas lecciones.
Cuando a principios de 1985 el equipo económico de Alfonsín diseño el Plan Austral, el Profesor Daniel Heymann tuvo una intuición brillante y aportó la idea de un mecanismo para desactivar la indexación de los contratos, denominado “desagio”. En esencia de trataba de una regla que desinflaba los contratos, bajándoles los aumentos que ya tenían acordados, ya que no tenían sentido en el nuevo escenario de menor inflación. Puesto en nuestros tiempos, un mecanismo similar podría establecer que el precio actual de los contratos perdura sin cambios hasta el vencimiento de esos acuerdos, de suerte tal que, por ejemplo, si un alquiler estaba pactado a 3.000 el primer año y 4.000 el segundo, sigue costando siempre 3.000, hasta que haya que renovarlo y las partes puedan acordar libremente un nuevo precio.
Contemporáneamente en Brasil se estaba poniendo en marcha el “Plan Cruzado” que tenía varias similitudes con el Austral, pero con una novedad interesante: las cláusulas gatillo.
LA NEGOCIACION PARITARIA
La razón por la que los gremios en la actual negociación paritaria no se bajan del 30% es simplemente porque esperan que esa sea la inflación durante el año y no le creen al Gobierno que dice que será menor. Es lógico; resulta difícil creerle a un Ejecutivo que violando el espíritu de división de poderes de la Constitución Nacional manoteo en 2014 nada más ni nada menos que 163.000 millones de pesos de la maquinita de hacer billetes del Banco Central.
Es muy probable que un nuevo gobierno cuente con un poco más de credibilidad que el actual, pero así y todo, puede ofrecer en 2016 un esquema de aumentos gatillo, que sólo se activen si la inflación no se reduce de manera significativa. Por ejemplo, supongamos que a un gremio que pide 30% el Gobierno le ofrece 10%, con el argumento de que pondrá en marcha un plan que bajará drásticamente la inflación, de modo que no tendrá sentido un aumento del 30% porque la inflación del año será de 10%. Obviamente es muy difícil para el gremio cerrar la negociación en el 10, pero puede aceptar perfectamente un 30%, que se active en 3 tramos de 10%, en donde el segundo y el tercer tramo se disparan sólo si la inflación supera el 10% y el 20% respectivamente.
La buena noticia es que con el neo desagio y las cláusulas gatillo, el único requisito para bajar la inflación de manera casi instantánea es que el Ejecutivo se comprometa por Decreto a no utilizar un solo peso que no provenga de un impuesto o una emisión de deuda votada por el Congreso.
Martin Tetaz es Economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores. Actualmente es Diputado Nacional.