Jorge es un laburante; le pone 10 horas arriba de un colectivo de línea para ganar 22.000 pesos por mes. No es manteca para tirar al techo, pero hasta ahora le alcanzaba para vivir sin grandes lujos. Quince días atrás le llegaron 3.200 pesos de gas y casi le da un ataque, porque en los peores meses del año pasado había pagado 200. El aumento, muy por encima del 400%, fue el resultante de una combinación letal; un mayor consumo que multiplicó las tarifas por dos vías, porque además hizo saltar de categoría a muchos usuarios que eran R1 o R2 y que pasaron a R3 o R4, junto con un mayor precio por metro cubico de gas.

Número más numero menos, ese ejemplo resume la crisis que se produjo en las últimas tres semanas por culpa de la intención (hasta ahora fallida) del Gobierno de reestablecer el normal funcionamiento de los servicios, sobre todo en los que se basan en la energía.

Esos subsidios que según un informe del IARAF pasaron de 1 punto del PBI en 2006 a 5 puntos en el 2014, explican casi la totalidad del déficit fiscal de 291.000 millones de pesos, que tuvo el Tesoro el año pasado y crecen de manera exponencial si no se ajustan las tarifas. La alternativa de mantener el statu quo es que habrá que financiarlos o bien con mayor endeudamiento o bien con una emisión creciente, que como todos saben terminan pagando los que menos tienen, con más inflación.

Pero ese no es el problema más grave. Si el gas, o la luz virtualmente se regalan, los consumidores no tenemos incentivos a ahorrar y acabamos sobre demandando los recursos energéticos. ¿Para qué apagar la estufa cuando salgo trabajar?, si resulta mucho más agradable llegar a un hogar ambientado a 25°. ¿Para qué comprar un tiro balanceado de 3.000 kilo calorías?, si puedo adquirir uno de 5.000 prácticamente por el mismo dinero. O peor aún, ¿para que invertir en un calefactor seguro, que no consume el oxígeno de la habitación?, si puedo prender el horno y los anafes cuando llego a la vivienda, para calentar rápidamente la cocina y templar el resto de los ambientes. Del mismo modo que en el verano tampoco gano nada apagando el aire cuando dejo mi casa, o poniéndolo a 23° en vez de 18°, ni tengo incentivos para comprar un Split de 3.000 frigorías cuando el dinero me alcanza para uno de 4.300.

Por el lado de los productores y distribuidores de energía, si en vez de definir las inversiones por un sistema de precios, dependen de los subsidios directos del Estado y de las decisiones administrativas, se rompe el canal que vincula las necesidades de la demanda con la conveniencia de producir más.

Además del rojo fiscal, entonces, el resultado más directo del esquema de subsidios es el sobre consumo y la sub producción que ineluctablemente acaban en escases de recursos energéticos, cuya única solución de corto plazo son las importaciones. Por esas políticas Argentina perdió el autoabastecimiento de gas en el 2008 y desde entonces cada año importa más de ese combustible que además de usarse directamente en los hogares, provee de energía a las empresas y alimenta las centrales térmicas que fue necesario instalar para abastecer el sobre consumo de electricidad.

LOS MITOS DE LOS SUBSIDIOS BUENOS

Estos dos graves problemas que acabo de describir, contrastan con la ilusión de muchos en el sentido de que la luz y el gas son “un derecho” y que por lo tanto el Estado los debe regalar. Los defensores de los subsidios argumentan además que ese dinero que se ahorran las familias puede destinarse al consumo, manteniendo alto el nivel de actividad económica.

Pero no necesitamos perder el autoabastecimiento para que Gobierno inyecte dinero en la economía. Sería incluso mejor que directamente junto con las facturas de los servicios (a tarifa plena) llegara un cheque por el monto del subsidio para que cada familia se lo gaste en lo que quiera.

El problema, además de la obviedad de que el Estado no puede fabricar dinero en una economía que no está dispuesta a ahorrarlo, es que, si los anabólicos monetarios no tienen la capacidad de empujar la producción interna, como ocurre desde el 2011, o bien solo generarán más inflación, o bien acabarán yéndose al dólar, de manera directa o indirectamente vía la compra de productos importados.

Y todo esto sin meternos en el debate moral sobre si está bien que el Estado le financie el consumo suntuario a una clase media y alta, que lo que no paga de luz y de gas lo gasta en comidas afuera, prendas de vestir, o peor aún, celulares o viajes al exterior, que ni siquiera fabricamos.

UNA PROPUESTA ALTERNATIVA

Mi lectura es que por la gravedad del problema el Gobierno se quedó corto con el ajuste de tarifas y lo hizo mal. Yo eliminaría el 100% de los subsidios a la energía. Para los que no puedan pagar abriría un registro para pedir la Tarifa Social, cruzando las solicitudes con los padrones de la ANSES, la AFIP y el Banco Central. La tarifa Social se aprobaría si el solicitante es beneficiario de un plan social o cobra una jubilación o un salario por debajo del costo de la casta básica total (incluyendo los aumentos). Obviamente no se daría si quien lo pide paga Ganancias u ostenta un alto gasto en sus tarjetas de crédito.

Adicionalmente, es conveniente que el ajuste se haga contra estación, para que la mayor tarifa sea amortiguada por un menor consumo y que la factura sea mensualizada por default y no a voluntad del usuario.

Por último; si el Congreso así lo desea, puede darle un cheque a cada uno junto con las facturas de la luz y el gas. Solo tiene que bajar los obscenos impuestos que tienen las facturas.

Fuente: ElDía

M.T.

Martin Tetaz es Economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores. Actualmente es Diputado Nacional.