Esta semana, por la falta de cintura política del Gobierno, una noticia que debería haber sido muy buena para la economía, terminó pidiendo la hora y colgada del travesaño.
En efecto, por la Ley de movilidad jubilatoria, no solo los pagos que reciben todos los trabajadores retirados, sino también las AUH y el resto de las asignaciones familiares se incrementan un 12,96 a partir de marzo superando, por primera vez desde el cambio de gobierno, a la evolución de la inflación en los últimos seis meses, que según el INDEC fue del 8,1% y según el IPC Congreso ascendió a 9,6%.
Por supuesto, esto no quiere decir que un jubilado que gana la mínima y que a partir del mes próximo embolsará $6.394 esté bien ni mucho menos. Las jubilaciones son una miseria y si no fuera porque muchos de nuestros abuelos reciben otro tipo de ayuda familiar, la inmensa mayoría quedaría hundida en la pobreza.
Pero lo que sí muestra es que todos los miembros de la tercera edad y los perceptores de asignaciones que habían visto caer su capacidad adquisitiva con la aceleración de la inflación en el primer semestre del 2016, ahora empiezan a recuperar capacidad de compra y en la medida que la inflación continúe bajando es muy probable que en los próximos aumentos semestrales los jubilados sigan ganándole a los precios.
Esto ocurre porque la fórmula de actualización que impone la ley, ajusta las prestaciones mirando lo que ocurrió en materia de recaudación tributaria, aumentos salariales y recursos de la seguridad social, en los últimos seis meses, por lo que cuando la inflación viene subiendo la recomposición de jubilaciones y asignaciones queda atrasada. Del mismo modo, cuando los precios empiezan a frenarse, la fórmula de la actualización presenta inercia y produce aumentos por encima de la inflación.
¿Y LAS PARITARIAS?
Con la inflación de los últimos seis meses por debajo del 10% medida con cualquier índice oficial o privado alternativo, es muy probable que ocurra una cosa parecida con los aumentos salariales negociados por los trabajadores y que la capacidad adquisitiva de los laburantes se recupere durante 2017.
El problema es que todavía existe incertidumbre respecto de si la tendencia que los precios mostraron en los últimos meses se mantendrá o si, por el contrario, la ola de aumentos recientemente anunciados, la empujará nuevamente al alza. Primero fue la nafta la que trepó 8% en enero, después vino la suba de la luz que en promedio asciende a 68%, llegó entonces el anuncio de los peajes escalando entre 25% y hasta 120% según el horario y desde febrero subieron también las prepagas otro 6%. Sobre llovido, las compañías de celulares anunciaron una remarcación del orden del 12% en sus abonos, lo propio ocurrirá en marzo con el colegio de los chicos y en abril con el gas.
Es cierto que en muchos casos todavía esos aumentos están por debajo del 17% de inflación que el Gobierno espera para este año y que, en otros casos, como ocurre con la factura de la luz, la incidencia en el presupuesto de los hogares es muy baja y el impacto real en el bolsillo se diluye bastante; por ejemplo 35% de los hogares de Área Metropolitana de Buenos Aires tienen tarifa social y recibirán en promedio un aumento de solo $26 en la luz, al tiempo que el 70% de los hogares restantes acabarán sufriendo subas menores a los $200. Pero todo suma.
LA FUERZA DEL GATILLO
Desde esta columna venimos insistiendo hace tiempo en que existe sin embargo una fórmula para asegurar que este año las paritarias le ganen a la inflación. Los primeros acuerdos firmados van por suerte en esa línea, con variantes interesantes.
El puntapié inicial lo dieron los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires (aún resta el acuerdo con los docentes), que firmaron un 18% en cuatro actualizaciones de 4,5% cada una, pero con la particularidad que, si en alguno de esos trimestres la inflación resulta superior a esa cifra, pues el aumento correspondiente será el de esa inflación, garantizando que no hay modo de que esos trabajadores pierdan capacidad adquisitiva.
Esta semana cerraron un acuerdo los bancarios, con una recomposición del 24% pero con un gatillo en 19,5 de manera tal que si los precios corrieran más rápido que ese nivel, se dispararía un aumento adicional de manera automática, sin que requiera ninguna negociación ulterior. Se asegura el gremio de ese modo, que durante 2017 los salarios le ganarán a la inflación por lo menos por 4,5% pudiendo ser mayor aun la suba de la capacidad adquisitiva si el IPC del INDEC acaba por debajo del 19%.
Por supuesto, lo que cada gremio consiga por encima de la inflación, dependerá de lo que puede pagar cada sector, porque no es lo mismo el sistema financiero, que la industria textil, o la de fabricación de lavarropas, por poner dos casos que no tienen tanto margen para aumentar salarios, porque han sufrido una fuerte contracción de ventas durante 2016. Pero claramente la cláusula gatillo asegura que lo que se acuerde en la mesa de negociaciones no se pierda después en la góndola.
Con salarios, jubilaciones y asignaciones creciendo por encima de la inflación, se recuperará el consumo y empujará a la demanda agregada de la economía. La clave es que el sistema de precios, incluido el dólar, ahora funcione para que señalice los sectores donde la mayor demanda requiere de inversiones y empleo.
Martin Tetaz es Economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores. Actualmente es Diputado Nacional.