26/11/2017 – El Día – Jubilaciones: del parche a la reforma integral

El debate se instaló fuerte esta semana en el Congreso. Hace pocos días, entre los distintos acuerdos firmados por el oficialismo con los gobernadores, apareció un compromiso para modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la ANSES. Fin de semana mediante, el proyecto elaborado por el equipo económico, en coordinación con los distintos ministerios, hizo su ingreso por el Senado, aunque esta vez la letra chica generó controversias.

Concretamente, en el pacto fiscal se había consensuado que el nuevo mecanismo de movilidad iba a contemplar un ajuste por inflación, para garantizar el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las prestaciones de la seguridad social. Pero, además, se había acordado que una parte del crecimiento real de la economía se destinaría para permitir que los beneficios crecieran por encima de la inflación.

El proyecto de Ley original cumplía con la actualización siguiendo el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC, tal y como se había firmado, pero repartía solo 0,5% del crecimiento de la economía; un porcentaje que, si bien honraba la letra de lo oportunamente convenido, tenía sabor a poco.

Adicionalmente, sorprendió por la positiva la novedad del ajuste trimestral, porque en épocas de alta inflación evita que haya que soportar seis meses de devaluación de las jubilaciones, hasta el próximo aumento. Pero, por otro lado, la secuencia de actualizaciones arranca en marzo del 2018, cuando ya habrán pasado seis meses de inflación, desde el último ajuste de septiembre pasado. En otras palabras; aunque la formula garantizaba hacia delante el mantenimiento del poder adquisitivo, se perdían tres meses de ajustes en los que la inflación será cercana al 6%.

 

“LO IDEAL SERÍA MANTENER EL CARACTER SOLIDARIO DEL SISTEMA ACTUAL”

Cuando llegó al Senado, el propio jefe de los legisladores de la oposición, Miguel Angel Pichetto, puso el grito en el cielo denunciando que la fórmula propuesta no respetaba lo acordado con los Gobernadores y que debía ajustarse por salarios, para garantizar que se mantuviera una relación estable entre beneficios y aportes, pero también porque esperaba que los gremios capturaran los avances de productividad reflejados en el crecimiento de la economía, mejor que ese magro 0,5% prometido sobre la evolución del PBI.

El dictamen de la cámara que representa a las provincias finalmente ofreció una solución salomónica que capta la evolución de los salarios y la inflación; la nueva fórmula ajustará tomando un 70% del índice de precios al consumidor (IPC) y un 30% de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

El primer problema es que el índice de salarios podría verse afectado negativamente por razones demográficas, si por ejemplo los trabajadores con más antigüedad se jubilan o aceptan retiros voluntarios y son reemplazados por gente más joven. De hecho, eso fue lo que ocurrió entre 1996 y el 2002, cuando ese indicador perdió 7%.

El segundo problema es que sigue sin recuperarse el trimestre que se pierde por empezar con la nueva fórmula recién en marzo del 2018. Así, por ejemplo, una jubilación de $10.000 que debía aumentar en torno de 1.200 pesos en marzo, solo subirá 600 y hasta el día de hoy nadie se hace cargo de esa diferencia.

 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO

Por supuesto a todos nos gustaría que nuestros abuelos cobraran mejor, pero es cierto que existen límites económicos a las posibilidades de actualización. Aun garantizando solo la movilidad que asegura pleno mantenimiento de la capacidad adquisitiva, la población mayor a los 60 años en mujeres y 65 años en hombres, se multiplicará a un ritmo del 2,5% por año, en el próximo cuarto de siglo. Esto quiere decir que la economía necesita crecer a ese 2,5% anual, para que se pueda mantener el pago de todos los beneficios, sin necesidad de aumentar los impuestos que se destinan al sistema, ya sean estos aportes laborales, o tributos de carácter general como el IVA o Ganancias.

Cuando el PBI crece más de 2,5% es posible repartir algo de ese crecimiento, como lo contemplaba la fórmula original que envió el Ejecutivo al Senado, o alternativamente bajar un poco los impuestos. Pero debe quedar claro que, si el crecimiento fuera menor, o el aumento de las jubilaciones mayor, se resiente la sostenibilidad del sistema porque no será posible seguir financiando la masa de beneficios a partir de los recursos corrientes y habrá que discutir en todo caso, cuales son los impuestos que la sociedad está dispuesta a aumentar, para ese fin.

Se nos plantea entonces un límite para mejorar los ingresos de la tercera edad con el sistema actual de reparto, que está basado en una transferencia de recursos intergeneracional, de características solidarias, donde la relación entre los aportes de cada uno al sistema y los beneficios a la hora del retiro, es realmente muy débil.

Pensemos que un mecanismo alternativo en el que pusiéramos una cuarta parte de nuestros ingresos al 3% de interés anual, podría asegurarnos una jubilación del 80% de lo que ganamos en nuestra etapa activa; una cifra que está muy por encima de la miseria que pagan hoy a nuestros viejos.

No obstante, cuando se plantea esta realidad, aparece en la memoria colectiva el fantasma de las AFJP; un modelo que fracasó, entre otras cosas, porque las comisiones cobradas por las administradoras resultaban cuasi confiscatorias.

Lo ideal sería mantener el carácter solidario y redistributivo del sistema actual, pero al mismo tiempo permitir que existan canales que aseguren que cualquier perceptor de ingresos pueda, en su etapa activa, destinar ahorros de manera sistemática, todos los meses, para que complementen su jubilación a la hora del retiro, más allá del tradicional plazo fijo o la alternativa del dólar.

Tenemos una oportunidad histórica de que el debate por la nueva fórmula abra la discusión de fondo, tanto sobre la sostenibilidad del sistema, como sobre las posibilidades de un mejor diseño. Aprovechémosla.

 

fuente: ELDIA.com